La derogación del registro de preasignación de energías renovables empuja al sector a pedir responsabilidades

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Martes 13 | 10 | 2009

La introducción de dos nuevos Reales Decretos, retrasos en la publicación de adjudicación de proyectos y la falta de comunicación entre el gobierno y la industria solar en España, han dejado a los sectores de fotovoltaica y termosolar en un clima de incertidumbre regulatoria. El sector fotovoltaico español todavía sufre las consecuencias de las medidas draconianas impuestas por el Real Decreto de septiembre del año pasado (RD 1578/2008). Con las medidas restrictivas introducidas en este decreto el gobierno español pretendía ralentizar lo que consideraba un crecimiento insostenible del sector en España.

Sin embargo, la mala ejecución del decreto así como la falta de claridad y retrasos en la aprobación de proyectos tuvieron un efecto devastador en un sector hasta entonces en crecimiento.

Como consecuencia, el sector sufrió una enorme falta de liquidez provocando el cierre de plantas de producción y la caída en picado de precios de componentes fotovoltaicos. Además, se perdieron alrededor de 25.000 puestos de trabajo (lo que representa casi una tercera parte del empleo permanente y el 90% del empleo temporal del sector fotovoltaico español) e importantes empresas del sector, como Isofotón, se vieron obligadas a reducir su plantilla. La situación creada por el RD 1578/2008 se vio exacerbada además por la recesión económica mundial lo que obligó al sector a buscar mercados más favorables como el italiano o griego.

No es por tanto de extrañar que la industria solar española se mostrase en desacuerdo cuando el pasado abril el gobierno español impuso similares medidas restrictivas al resto de sectores de energías renovables. El Real Decreto 6/2009 incluye un cupo anual de 500 MW de capacidad eléctrica solar instalada, la necesidad de presentar un depósito de garantía de €100 por kW y el registro de proyectos para su aprobación pública.

Tras este nuevo cambio normativo, el presidente de la patronal del sector (Protermosolar), Valeriano Ruiz, y su secretario general, Luis Crespo, han afirmado que el cambio introducido en el real decreto 6/2009, mediante una enmienda presentada en el Senado por CiU y respaldada por el PSOE, es un "escándalo" y un "disparate" porque supone la modificación de la norma sólo cinco meses después de su aprobación.

El sector se siente "engañado" porque una gran parte de los proyectos presentados ante el Ministerio de Industria desconoce ahora la prima que percibirán por la producción de energía limpia.

En total se han inscrito en el registro de preasignación -requisito hasta ahora indispensable para percibir la prima- unos cien proyectos de centrales termosolares, con una potencia total de 4.300 megavatios (MW).

Sin embargo, con la derogación del registro, pendiente de su ratificación la semana que viene en el Congreso, sólo percibirán la prima los primeros 500 MW, mientras que el resto de proyectos tendrá que esperar a la elaboración de un nuevo decreto ley para conocer la retribución que percibirán.

En estos momentos hay en construcción treinta plantas, con una potencia total de 1.500 MW y una inversión de 10.000 millones de euros, que será paralizada en su gran mayoría, han advertido los responsables de la patronal.

Valeriano Ruiz ha asegurado que hay un gran número de empresas que ya estudian la posibilidad de presentar demandas por responsabilidad patrimonial contra el Estado, no sólo las que ya han iniciado las obras, sino también todas aquellas que han cumplido con los requisitos para ser inscritas en el registro de preasignación y que han tenido que hacer frente a una inversión mínima de unos 25 millones de euros.

Asimismo, ha advertido de que la paralización de las obras pone en riesgo miles de puestos de trabajo -sobre todo en comunidades autónomas "poco boyantes", como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia-, a la vez que ha resaltado el impacto de esta decisión sobre las empresas de ingeniería, la actividad de investigación y desarrollo (I+D) y la confianza de los inversores.

El director general de la patronal ha añadido que el cambio de las reglas de juego puede llevar a las entidades financieras a exigir la devolución de los créditos.

Respecto a las explicaciones que ha aportado el Ministerio de Industria, Valeriano Ruiz ha apuntado que representantes del sector mantuvieron una reunión con el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, en la que se sintieron "engañados", ya que se les aseguró que el Departamento dirigido por Miguel Sebastián "no ha tenido nada que ver" en la modificación del marco legislativo.

Para la patronal, este cambio normativo supone una "condena de muerte" para la industria termosolar y por ello apoyará a todas las empresas que decidan presentar demandas.

"Los brotes verdes que las energías renovables representan para la economía se van a secar" si el Congreso ratifica la semana que viene la derogación del registro, han concluido.

Fuentes: Energía Diario, CSP Today.